La crisis económica que comenzó en el 2007 ha afectado especialmente a las capas sociales más desfavorecidas, y entre ellas a las personas migrantes residentes en España. Son precisamente éstas las primeras que se quedaron en paro, victimas de oleadas de despidos que se sucedieron cuando comenzó a manifestarse la crisis financiera e inmobiliaria (el 18 % para la población autóctona, un 30 % para la población inmigrante). Actualmente, son casi cinco millones de desempleados/as, cuya mayoría encuentra además mucha dificultad en volver al mercado de trabajo, y poniendo en extrema precariedad la situación personal y familiar de las y los migrantes, ya que su residencia legal en España está ligada a la ocupación de un puesto de trabajo.
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